sábado, 1 de febrero de 2014

PRESUNTAMENTE III



Las lineas de defensa de los acusados

En un primer momento los abogados solicitaron la prescripción,  que la Fiscalía rechazo de plano, alegando que los hechos no están prescritos y que nunca hubo riesgo de que prescribieran, que además el argumento principal de la prescripción que se alega no existe en ningún caso.

Unos letrados cuestionaron la imparcialidad de los magistrados, otros planteaban como causa de nulidad cuestiones de forma...

En un primer momento las defensas de los acusados habían negado los hechos de los que se acusan a sus defendidos, ahora, con un cúmulo de indicios probatorios recogidos en en cerca de 7.000 folios, la segunda linea de defensa en el caso de que no se anule el juicio es la de considerar que lo que se hizo no es delito, dado que la mezcla de carbón importado con el propio era una forma de ayudar a la reducción progresiva de la producción, que era el objetivo de las subvenciones. Unos de los letrados apuntó que "el administrador de hecho ya esta fallecido, era el señor Brugos", en referencia al propietario de la mina, Fernando Luis García Brugos. También cuestionaron la legalidad de la práctica de alguna prueba, como el volcado de los discos duros de los ordenadores de la empresa.

Aun con todo esto la juez del caso ha decidido desestimar la petición de los imputados, que reclamaban la anulación del juicio al entender que los delitos habían prescrito, y continuar con el proceso.




Las defensas citaran a dos antiguos lideres del SOMA José Antonio Solís García, ex presidente del comité de empresa de Mina la Camocha y Robustiano Iglesias Rodil, que era delegado sindical de seguridad. En el día que esta previsto que estos dos lideres del SOMA acudan a declarar, coincidirán en los juzgados con otros cuatro testigos citados, uno de ellos el ex consejero de economía de la Junta de Castilla y León y ex senador del PP Miguel Pérez Villar, que fue condenado por prevaricación en una sentencia de 1995 del Tribunal Supremo, por haber concedido de forma irregular subvenciones a dos empresas mineras leonesas asesoradas por su esposa, cuando era consejero de economía en Castilla y León. Perez Villar fue asesor de Mina La Camocha durante años, cuando la mayoría accionarial pertenecía a Fernando García Brugos.


Las declaraciones

Una de las declaraciones más esperadas fue la de Víctor Zapico: "No tenía competencia sobre la compra de carbón de importación, pero, en todo caso, he de decir que todo lo que se está contando es una fantasía, como apoderado firmaba pagarés y poco más". La juez le preguntó que cuando la central Térmica de Aboño pidió explicaciones de La Camocha sobre la desigual calidad del carbón que le estaban suministrando, Zapico respondió que no se trataba de mineral de importación, "Podía haber dicho cualquier otra cosa, pero señaló que no era carbón de importación. ¿Por que?" Le preguntó la juez. Zapico respondió que se debió al rebuelo mediático que había en aquel momento sobre el asunto tras lo que Rosario Hevia (la juez) le aclaró que "ningún medio de comunicación se había hecho eco todavía del caso"



En el registro del despacho de Zapico se hallaron notas sobre la mezcla, el transporte y venta de carbones a la térmica. Sostiene que la acusación es mera "fantasía" que no se produjo compra masiva de mineral para la reventa y que además eso no es delictivo.





En el registro del despacho de Manuel Martín Martín se halló un documento en el que se apunta que en un envío a la térmica de Aboño la mitad del carbón era de La Camocha. Sostiene que los hechos de los que se le acusan no son delictivos. Aseguró que siempre había basado su toma de decisiones "en lo mejor para la compañía", rechazando haber causado ningún perjuicio a la hacienda pública. "Si se compró carbón fue porque la ley y los estatutos lo permitían y porque no comprometía el fin de las ayudas que se recibían".  "Ni me he implicado en nada que tenga que ver con lo que se me acusa ni he implicado a nadie" señaló exculpado en ese sentido a Margarita García Fernández.







Margarita García Fernández en su declaración judicial no reconoció su letra y firma en algunos documentos. Sostiene que su trabajo era meramente administrativo y que las facturas ya se las daban conformadas.









Guillermo Alfredo Honrubia Alvarez, era apoderado de Hullas Coto Quirós y de Trabajos y Explotaciones. En su despacho y su ordenador se encontró documentación sobre la compraventa del carbón.






Ángel Manuel García Brugos, hermano del accionista mayoritario de La Camocha, era administrador único de Hullas Coto Quirós. Sostiene que realmente no gestionaba la empresa.



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