jueves, 23 de enero de 2014

PRESUNTAMENTE...

En estos días empiezan a sentarse en el banquillo los cinco imputados por el fraude de Mina La Camocha, doce años después de que 25 directivos y cargos intermedios y administrativos de la empresa fueron detenidos e interrogados durante horas en dependencias de la Guardia Civil de Oviedo y Gijón en el marco de la denominada "Operación Baltasar", en la que la Fiscalía Anticorrupción investiga desde 1999 un supuesto fraude a Hacienda.

La investigación llegó a contar con once imputados, entre ellos, Fernando Luis García Brugos, antiguo propietario de la mina La Camocha (también de Hullas Coto Quirós), que falleció en 2010. El desarrollo fue lento, ya que topó con numerosos obstáculos, un sinfín de recursos e incluso intentos de archivo. Han tenido que pasar 15 años desde la fecha que presuntamente se inició el fraude minero para que arranque el juicio, que se prolongará durante 17 sesiones.

Se les acusa de falsear el origen de 90.000 toneladas de carbón importado entre 1998 y 2000 y de haber defraudado hasta 88 millones de euros en ayudas de la Unión Europea.



Se sentaran en el banquillo Ángel García Brugos (administrador único de Hullas Coto Quirós), defendido por Luis Tuero; Víctor Manuel Zapico (apoderado de Mina La Camocha y exconsejero de Industria del Principado por el PSOE), defendido por Ricardo Alvarez-Buylla; Manuel Martín Martín (presidente, consejero y apoderado de Mina La Camocha), asistido por José Carlos Botas; Guillermo Alfredo Honrubia Alvarez (apoderado tanto de Hullas Coto Quirós como de Trabajos y Explotaciones) y Margarita García Fernández (responsable de contabilidad y apoderada de Mina La Camocha), defendida por Ana Boto.

El fiscal considera a los cinco acusados responsables de tres delitos contra la Hacienda Pública en su modalidad comitiva de fraude de subvenciones, tipificados y penados en el artículo 308.2 del Código Penal. Para cada uno de ellos pide una condena de nueve años de prisión (tres años por cada uno de los delitos) y una multa de 17.089.200 euros para cada una de las cinco personas imputadas, en concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria al Estado esta cantidad, a lo que ascendió el importe de las ayudas al funcionamiento y a la reducción de actividad indebidamente percibidas por la entidad Minas La Camocha S.A. en los ejercicios 1998,1999 y 2000.



El administrador único de Hullas Coto Quirós, Ángel García Brugos, nunca pisó la sede de su compañía, ni conocía el negocio del carbón; Guillermo Honrubia, el apoderado de esta misma empresa, no movía un papel sin una orden de sus superiores; Margarita García, la jefa de contabilidad y apoderada de Mina la Camocha, solo era "una administrativa que realizaba trabajo administrativo", y el apoderado de de la empresa y exconsejero de Industria del Principado, Víctor Zapico, tenía como función principal evitar la conflictividad laboral y no podía ni comprar un vehículo para la empresa sin que diera el visto bueno el máximo accionista, Fernando García Brugos, ya fallecido. Esto es lo que declararon el día 21 de enero durante la segunda sesión del juicio oral, que comenzó el día 20 en el juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, un sumario de más de seis mil folios y 40 cajas de documentación.


Continuará

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